En 1997 el Pontificio Consejo "Justicia y Paz" del Vaticano emitió un documento muy profeetico, Para una mejor distribución de la tierra: el reto de la reforma agraria.
Para juzgar la situación de Honduras, especialmente en el Bajo Aguán, donde había más que 30 muertos por fuerzas de seguridad, muchos por fuerzas del milionario Miguel Facussé, sería bueno meditar sobre el párrafo 12 del documento:
La historia reciente de muchas áreas rurales está frecuentemente marcada por conflictos, por injusticias sociales y por varias formas de violencia no controladas.
La élite terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos mineros y madereros no han tenido reparos en muchas ocasiones en instaurar un clima de terror para calmar las protestas de los trabajadores, obligados a soportar ritmos de trabajo inhumanos y retribuidos con salarios que a menudo no cubren los gastos de viaje, las comidas y el alojamiento. Se ha instaurado este clima también para ganar los conflictos con los pequeños agricultores que llevan mucho tiempo cultivando tierras de propiedad del Estado o bien otras tierras o para apoderarse de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas.
En estas luchas se utilizan métodos intimidatorios, se efectúan detenciones ilegales y, en algunos casos extremos, se reclutan grupos armados para destruir los bienes y las cosechas, para quitar poder a los líderes de las comunidades, para deshacerse de algunas personas, incluidos los que defienden a los más débiles, entre los cuales también hay que recordar a muchos responsables de la Iglesia.
A menudo los representantes de los poderes públicos son cómplices de estas violencias. La impunidad de los ejecutores y de los mandantes de los crímenes está garantizada por las deficiencias del sistema jurídico y por la indiferencia de muchos Estados por los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos.
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