Monday, August 24, 2009

Carta Pastoral 2006 de los obispos hondureños

Esta carta pastoral de los obispos hondureños ofrece un contexto para el crisis actual. Fue escrito en 2006 después de las elecciones del presidente y el congreso. (He omitido las notas.)

“POR LOS CAMINOS DE LA ESPERANZA”

CARTA PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE HONDURAS

A LOS GOBERNANTES HONDUREÑOS,
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
Y A TODOS LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL,
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL DEL PAÍS
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Marzo de 2006.


I. INTRODUCCIÓN.

Queridos hermanos y hermanas:

1.- Nosotros, Obispos de la Iglesia Católica, conscientes de nuestra misión de anunciar el Evangelio en este especial periodo de la historia de nuestro país, queremos compartir con todos nuestros hermanos y hermanas y especialmente con las nuevas autoridades algunas reflexiones sobre el rumbo del país; manifestar nuestra solidaridad con las preocupaciones, problemas y angustias del pueblo y brindar nuestro apoyo a todos aquellos que dedican su tiempo, capacidades y esfuerzos para alcanzar un desarrollo humano integral y sostenible, que sea logro y promesa de la civilización del amor.

2.- Son muchas las desilusiones que se van incubando en el alma de nuestro pueblo; situación muy peligrosa porque aumentan paulatinamente las frustraciones individuales y colectivas que impiden una verdadera solución de los problemas por caminos pacíficos y generan reacciones violentas. Por nuestra parte asumimos como compromiso seguir acompañando a nuestro pueblo con palabras de consuelo, levantando la esperanza y realizando obras de amor liberador.

3.- Nuestra condición de discípulos representantes de Cristo nos exige vivir el Evangelio de Jesús sin desligarnos de la realidad en la que estamos inmersos. “No podemos sentirnos tranquilos y satisfechos ante la situación caótica y desconcertante que se presenta ante nuestros ojos: naciones, sectores de población, familias e individuos cada vez más ricos y privilegiados frente a pueblos, familias y multitud de personas sumidas en la pobreza, víctimas del hambre y de las enfermedades, carentes de vivienda digna, de servicios sanitarios, de acceso a la cultura. Todo ello es testimonio elocuente de un desorden real y de una injusticia institucionalizada”. Estos son los sentimientos que nos animan a compartir nuestras reflexiones con los gobernantes, con los partidos políticos y con todo el pueblo hondureño.

4.- Nuestra exhortación en el campo de las realidades humanas no tiene carácter político ni parte de criterios técnicos, sino de una visión pastoral iluminada por el Evangelio de la Vida. Ofrecemos lo que nos es propio, Jesucristo, el Salvador, cuyas palabras tienen valor eterno y su programa de vida tiene las motivaciones y orientaciones necesarias para ir construyendo una Honduras verdaderamente justa, pacífica y solidaria.

5.- Exhortamos al nuevo Gobierno a tomar verdaderamente en serio las preocupaciones, los principios y líneas de acción expresadas en esta Carta Pastoral, de modo que su quehacer administrativo esté inspirado por la ética del bien común para levantar a este país y hacer de él una nación digna, justa y equitativa.

6.- Esperamos que los partidos políticos se sientan motivados por nuestras palabras para ejercer sus funciones al interior de la sociedad como un servicio al bien común y no buscando sus propios intereses o de pequeños grupos de poder.

7.- Igualmente, confiamos en que la lectura y la reflexión de este documento puedan servir de inspiración y apoyo a los movimientos y organizaciones de la sociedad civil en sus iniciativas y esfuerzos por una convivencia social más libre, justa y participativa, “en la que los diversos grupos de ciudadanos se asocian y se movilizan para elaborar y expresar sus orientaciones, para hacer frente a sus necesidades fundamentales y para defender sus legítimos intereses”.


II. UNA REALIDAD QUE NOS DUELE Y CUESTIONA

1. Una mirada a nuestra historia
8.- Esta Carta Pastoral “Por los Caminos de la Esperanza” invita a mirar con atención nuestra historia. Es preciso aprender de los aciertos y errores del pasado para reconocer los pecados sociales que se han cometido en el curso de la historia a fin de no repetirlos. No reconocerse herederos del pasado nos condena a cometer indefinidamente los mismos errores. Un buen político no desconoce ni olvida la historia sino que, desde este patrimonio común, pone todo su empeño en la construcción de la patria que sueña y desea.

2. Una mirada a nuestro presente
9.- Los nuevos dirigentes del país no pueden construir una nación justa si no son capaces primero de dirigir una mirada profunda a la realidad actual de nuestro pueblo. En nuestra experiencia cotidiana vamos recogiendo el lamento y los anhelos de justicia, trabajo, alimento, educación y salud de los pobres. Cuando recorremos barrios, aldeas y montañas constatamos la profundidad de esta situación de pobreza y miseria. La estabilidad macroeconómica no puede hacernos olvidar ni ocultar esta realidad que los distintos organismos internacionales y el mismo gobierno expresan o muestran en cifras alarmantes.

3. Puntos críticos de nuestra realidad
10.- La eliminación de la pobreza y el desarrollo de nuestro pueblo encuentran obstáculos que parecen insalvables, como son:
la inequidad en la generación y en la distribución de la riqueza;
la baja calidad e insuficiente cobertura de la educación;
la deficiente atención de los servicios de salud;
la explotación irracional y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales;
la corrupción generalizada;
el robo de los bienes del Estado;
el olvido del bien común, de la justicia, de la solidaridad y la pérdida del valor sagrado de la vida.
Todos ellos no sólo causan un continuo empobrecimiento de nuestra población, sino que producen un flujo constante de hondureños hacia el exterior en busca de mejores condiciones de vida.

4. Una sociedad con debilidad institucional
11.- La construcción de una nación fuerte exige el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Estas se debilitan por el populismo y la politización de las mismas; por los altos índices de corrupción que provocan la incredulidad y permanente desconfianza de la población hacia las instituciones y las personas que las dirigen; por la impunidad que debilita todo Estado de derecho, colocando la ley al servicio de intereses privados y quitándole su principal cometido que consiste en garantizar y asegurar la convivencia en la comunidad local, regional y nacional; por la violencia física que aumenta la inseguridad de la población y demuestra que la vida no es valorada ni respetada.

5. El mal crónico de nuestra sociedad es fruto de nuestros pecados
12.- ¿De dónde viene tanto mal, tanta pobreza, tanta miseria? Ciertamente no es porque Dios lo quiera sino porque en la sociedad se han entronizado grupos de poder económico y político que, junto a la actitud fatalista y la desidia crónica de muchos y a la presión de intereses económicos internacionales, ocasionan una miseria escandalosa en nuestro país. Como bien decían nuestros hermanos obispos en Puebla: “Hay un mecanismo que, por encontrarse impregnado no de un auténtico humanismo sino de materialismo, produce a nivel internacional ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres”. Existe no solamente una deuda social sino una responsabilidad colectiva en la permanencia de estas condiciones de vida, responsabilidad mayor en quienes por muchos años han asumido cargos públicos.

13.- Una mirada atenta al pasado y al presente de nuestro país nos indicará el rumbo que hemos de seguir para alcanzar un desarrollo humano, integral y sostenible. Esta contemplación, realista y esperanzada, se sabe iluminada y confortada por Dios, que es amor, garante y meta del futuro de la humanidad, que nos enseña a mirar de frente los hechos, para conocerlos y comprenderlos, discernirlos e interpretarlos y buscar las mejores respuestas a los retos que nos plantea.


III. CRITERIOS ÉTICOS PARA UNA SOCIEDAD JUSTA Y PACÍFICA

14.- Consideramos que nuestro país, además de los marcos jurídicos, debe cultivar y practicar aquellos principios fundamentales que son la base de toda convivencia política, las líneas orientadores del desarrollo y los criterios de un buen gobierno. Tales principios son: el bien común, la dignidad de la persona humana, la justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad y la subsidiariedad.

1. El bien común

15.- El bien común es el principal imperativo para la construcción de nuestra sociedad; hacia él deben tender todos los esfuerzos de los funcionarios y de las políticas públicas. Este principio debe ser el paradigma que oriente el actuar de cualquier dirigente político que sea coherente y de cualquier miembro de la sociedad que vive responsablemente en ella. “Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del bien común como bien de todos los hombres y de todo el hombre”. Cuando este espíritu anime las relaciones sociales, desaparecerán las desigualdades económicas, políticas y sociales.

16.- Para nosotros, Pastores de esta Iglesia que peregrina en Honduras, el bien común es el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, mujeres, familias o asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su realización personal y comunitaria. No se trata de lograr lo mínimo o solamente las necesidades básicas, más bien se quiere alcanzar la perfección de toda la sociedad, por el ejercicio pleno de todos los derechos y deberes humanos.

17.- “Toda convivencia humana tiene que fundarse en el bien común, consistente en la realización cada vez más fraterna de la común dignidad, lo cual exige no instrumentalizar a unos a favor de otros y estar dispuestos aún a prescindir de los bienes particulares”. Esto compromete a los poderes públicos a reconocer, tutelar y promover los derechos humanos y facilitar el cumplimiento de los respectivos deberes que conlleva.

18.- La búsqueda del bien común es responsabilidad de todos los ciudadanos y una exigencia de fe para los cristianos, puesto que tiene su fundamento en el mandamiento nuevo del amor (Juan 13,34; 1 Juan 3,11). Este es el compromiso que asumimos los cristianos de Honduras al igual que lo hace la Iglesia de todo el Continente Americano.

2. La dignidad de la persona humana

19.- La dignidad de la persona humana es la fuente y el fundamento de todos los demás principios y razón de ser del bien común y del respeto por los derechos humanos. En la construcción de una nueva sociedad, “el principio, el sujeto y fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana”, imagen de Dios, ser único e irrepetible, abierto a la trascendencia, en comunión con los demás y con un proyecto propio de vida.

20.- Es enseñanza común de la Iglesia que “de la dignidad del hombre en cuanto hijo de Dios nacen los derechos humanos. Por esta razón, todo atropello a la dignidad del hombre es atropello al mismo Dios, de quien es imagen”.

21.- El respeto a la vida humana, en todas las fases de su existencia, es un derecho natural, inviolable y universal, por lo tanto anterior y superior a la sociedad civil y al Estado. “El servicio de la caridad a la vida debe ser profundamente unitario… por tanto, se trata de hacerse cargo de toda la vida y de la vida de todos”. Aquí radica una ética coherente de la vida que dice no al aborto, no a la eutanasia, no a la guerra, no a la pena de muerte y no a la pobreza y a sus consecuencias.

22.- El Estado no puede negar, abolir o impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona sino que tiene la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizar su tutela jurídica. La columna vertebral de todo esfuerzo por construir este país debe partir de la plena vigencia de los derechos humanos y se debe expresar en el respeto de todos los derechos y de todas las personas; así como en el rechazo decidido de las diversas violaciones a los mismos.

3. La justicia

23.- La justicia nos lleva a reconocer a los demás como sujetos de derechos y deberes y a crear las condiciones económicas, sociales y políticas adecuadas para que nuestro mundo garantice con mayor equidad el derecho a vivir de acuerdo con la dignidad de personas que Dios mismo nos ha concedido.

24.- En la Sagrada Escritura, la justicia está relacionada con la fidelidad de Dios, con su misericordia y su amor compasivo hacia los pobres. Él es quien “hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos” (Salmo 146,7), “derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes” (Lucas, 1,52). Él es quien nos exhorta vivamente a practicar la justicia y el derecho, a defender a los pobres y oprimidos (Isaías, 5,8-10 y 23) y proclama dichosos a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados (Mateo 5,6).

25.- Según la tradición cristiana, recogida en la Doctrina Social de la Iglesia, la práctica de la justicia abarca las siguientes dimensiones:
- A nivel individual, que todas las personas tengan acceso a los medios
que satisfacen las necesidades básicas (trabajo, educación, pro-piedad, atención sanitaria) y que nadie sea excluido de los bienes y logros sociales.
- A nivel colectivo, que los convenios e intercambios entre los individuos, grupos y naciones se hagan equitativa y honradamente y no desde el dominio e imposición del más fuerte.
- A nivel público, que todas las personas tengan las posibilidades de participar en la construcción de una sociedad cuyos miembros lleven una vida verdaderamente humana. Por tanto, los gobiernos han de garantizar un orden social que permita y asegure esta participación.

26.- Por ello, es un pecado social todo lo que atenta contra la justicia en las relaciones entre persona y persona, entre la persona y la comunidad y las comunidades y naciones entre sí.

4. La verdad

27.- La verdad es uno de los pilares para construir una sociedad diferente en forma ordenada y pacífica. La Iglesia profesa que en Jesucristo se ha manifestado plenamente la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre mismo. Quién cree en Él no permanece en las tinieblas del error y de la mentira sino que conoce la verdad y camina en la verdad.

28.- Todas las personas, en cuanto dotadas de inteligencia y libre voluntad, y, por ello, de responsabilidad personal, nos sentimos motivadas a buscar la verdad y estamos obligadas a adherirnos a ella una vez que la hemos conocido y a ordenar la vida según sus exigencias.

29.- Son exigencias de la verdad en la vida social, entre otras, la transparencia en todo nivel, la imparcialidad en la aplicación de la justicia, la honestidad en la información, el respeto a la reputación de las personas, las propuestas políticas no demagógicas y el cumplimiento de los compromisos contraídos.

30.- Cuando la verdad subyace en las relaciones sociales surge la credibilidad en las instituciones, aparece la transparencia y la confianza en el Estado y en sus gobernantes, los ciudadanos se sienten orgullosos de su país y dedican sus energías a engrandecerlo. En cambio, cuando el pueblo se siente engañado, burlado y utilizado, como sucede con mucha frecuencia, se vuelve desconfiado de las personas y de las instituciones públicas. Esto explica en cierto modo el alto nivel de abstencionismo en los comicios y la escasa participación cívica.

5. La libertad

31.- La libertad es una aptitud profunda para orientar nuestros actos hacia el bien. Ella posibilita a todo ser humano desarrollar las capacidades que le ayudan a crecer en humanidad, por consiguiente a desarrollarse como persona. “Cristo nos liberó para ser libres, manténgase pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud” (Gálatas 5, 1).

32.- Percibimos que el Espíritu de Dios va animando desde dentro a la humanidad, pues cada día son más numerosas las personas que rechazan ser tratadas como objeto y quieren ser sujetos activos, individual y organizadamente, de su historia personal y colectiva, de las orientaciones y decisiones que las afectan, del modelo de sociedad que se está construyendo. Por eso, demandan una nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad. Los viejos modelos de caudillismo político, presidencialismo y nepotismo deben dar paso a la presencia de una sociedad civil que pide su lugar y quiere tomar sus propias decisiones.

33.- No hay libertad plena sin liberación de lo que ofende y oprime la dignidad de la persona humana. En consecuencia, la participación de todos en la construcción de una vida social humana implica el compromiso por la liberación de toda forma de exclusión social, de injusticia, de explotación y de violencia, para alcanzar el desarrollo integral de toda la persona y de todas las personas.

6. La solidaridad

34.- La solidaridad es condición indispensable para lograr el bien común. Según la enseñanza de la Iglesia “la solidaridad nos ayuda a ver al otro –persona, pueblo o nación- no como un instrumento cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y resistencia física abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un “semejante” nuestro”.

35.- En la Biblia, la solidaridad se refiere ante todo a la relación de Dios con el hombre. La historia de la salvación es la revelación progresiva que Dios hace de sí mismo a los hombres como un Dios solidario, que entra en su vida hasta compartirla plenamente en Jesús de Nazaret (Juan 1,14). La experiencia de comunión con Dios que tiene el creyente es la que le impulsa a vivir la solidaridad con los hermanos, a tener con los demás los mismos sentimientos y comportamientos que Dios tiene con él.

36.- La parábola de Lázaro y el Rico Epulón manifiesta con profundidad y claridad la voluntad divina (Lucas 16, 19-31). Dios no quiere que vivamos en la pobreza, ni condena la riqueza por si misma sino que rechaza la falta de solidaridad y de sentido social en el uso de los bienes de la creación. La mesa de la creación es común a toda la humanidad. Nadie puede acapararla ignorando la situación de los pobres. El abismo creado entre un sector que nada en la riqueza y otro sector que vive en la miseria, sin posibilidades de establecer puentes de solidaridad, es un pecado que clama al cielo.

37.- A pesar de que hoy se habla tanto de solidaridad, los humillados y excluidos siguen siendo incontables y cada día somos testigos del crecimiento acelerado del egoísmo de personas, grupos y naciones. “Nuestra mejor respuesta, desde el Evangelio, a esta dramática situación es la promoción de la solidaridad y de la paz, que hagan efectivamente realidad la justicia”. Frente a la globalización del mercado propugnamos con el Papa Juan Pablo II “la globalización de la solidaridad”, entendida ésta “no como un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas, sino como la determinación firme y perseverante de empeñarse en el bien común”.

7. La subsidiariedad

38.- En las actuales circunstancias se dan diversas tendencias en la concepción del Estado. En algunos casos, se pretende reducirlo al mínimo, dejando todo a la iniciativa privada. En otros casos, se tiende a fortalecer el Estado para que proteja a los grupos de poder; y no falta quienes quieren que asuma toda la responsabilidad en el bienestar de la población, anulando la iniciativa de las personas y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad.

39.- Para evitar estos excesos la Doctrina Social de la Iglesia ha desarrollado constantemente el principio de subsidiariedad, según el cual “una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común”.

40.- Con este principio contrastan las formas de centralismo, burocratización y asistencialismo por parte del Estado y las formas de indiferencia, dependencia y abdicación de responsabilidades en la vida social por parte de los ciudadanos.

41.- “A la actuación del principio de subsidiariedad corresponde: el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia; la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias; el impulso ofrecido a la iniciativa privada, a fin de que cada organismo social permanezca, con sus propias peculiaridades, al servicio del bien común; la descentralización burocrática y administrativa; el equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consiguiente reconocimiento de la función social del sector privado; una adecuada responsabilización del ciudadano para ser parte activa de la realidad política y social del país”.


IV. PRIORIDADES PARA UN FUTURO DIFERENTE.

42.- Reconocer nuestro pasado, mirar con lucidez el presente y asimilar nuevos principios nos capacita y anima a proponer nuevas líneas de acción para un futuro diferente. Invitamos a todos los actores de la sociedad: el gobierno, las fuerzas armadas, los partidos políticos, los profesionales, los gremios, los empresarios, los obreros, los campesinos, las mujeres, los indígenas, las organizaciones no gubernamentales y, especialmente a los jóvenes, para que en diálogo respetuoso y veraz nos unamos y sentemos las bases para construir un país diferente, asumiendo las siguientes prioridades:

1. Erradicar la pobreza
43.- El país debe pedir y apoyar como política prioritaria del Estado la erradicación de la pobreza. Las políticas y la inversión social deben ir en consonancia para que la población tenga acceso a los servicios básicos: vivienda, salud, educación y, sobre todo, empleo. La inversión social debe ser una forma concreta de redistribuir la riqueza nacional, sustentada en impuestos justos y equitativos. No se puede tolerar que los que más tienen sean los que menos aportan al erario nacional; tampoco podemos seguir aceptando como normal que nuestro pueblo siga viviendo en condiciones de pobreza y hasta de indigencia.

2. Impulsar una economía social
44.- Corresponde al Estado establecer políticas y emprender acciones precisas para fortalecer la economía solidaria, verdadera alternativa para disminuir el desempleo, mejorar el nivel de ingresos y garantizar la cobertura de las necesidades básicas. Esta ha sido y sigue siendo una verdadera forma de ir superando la pobreza por parte de la población pobre y humilde. Así lo demuestran diversas experiencias en microempresas, cooperativas, redes solidarias, etc. Por consiguiente, es necesario un programa de incentivos en este campo con asistencia técnica, crediticia y tecnológica.

3. Resolver la cuestión agraria
45.- En este orden, es urgente, replantear la cuestión agraria, rescatar el mundo rural como generador de empleo, de alimentos, de vida, de dignidad para las personas. Esto implica la revisión del uso y tenencia de la tierra y de las políticas agrarias, de modo que impulsen procesos de desarrollo agrícola. El campo debe ser una de las principales fuentes de riqueza. Ahí está una gran mayoría de la población, pero también la mayor pobreza y abandono. Sin inversión productiva, sin conocimientos tecnológicos, sin seguridad en la tenencia de la tierra, ni garantías en la comercialización, difícilmente lograremos erradicar la pobreza y evitar la migración del campo a la ciudad y hacia fuera del país.

4. Lograr un desarrollo económico equitativo
46.- Fomentar un desarrollo económico equitativo es una de las responsabilidades del Estado. A él corresponde animar, estimular, coordinar y, si fuese necesario, suplir la libre iniciativa económica, tanto de los ciudadanos como de los cuerpos intermedios en aras del bien común. Es obligación del Estado garantizar esa seguridad legal, establecer reglas claras de inversión, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. También se deben establecer relaciones justas en el comercio con todos los países que se pueda para generar crecimiento económico y desarrollo para todos los habitantes.

5. Superar el déficit educativo
47.- La cuestión educativa es tarea de primer orden en la lucha contra la pobreza. Es inaplazable alcanzar la calidad y la eficiencia en nuestro sistema educativo, educar para la responsabilidad, el servicio y el trabajo bien hecho, desarrollar las actitudes de solidaridad y las disposiciones para el bien común y elevar la autoestima y la capacidad analítica y crítica. El propósito de la educación es la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades participará cuando llegue a ser adulto. Los padres de familia, el Estado y los maestros son los principales responsables de alcanzar resultados satisfactorios.

6. Mejorar los servicios de salud para todos
48.- El Estado ha de ser consciente del derecho de todos los hondureños a una vida saludable y, por tanto, de la responsabilidad que tiene de ofrecer a todos los servicios que promueven la salud, la cuidan y ayudan a recuperarla cuando se ha perdido. El actual gobierno tendrá que formular y ejecutar aquellas políticas de salud que presten atención prioritaria a los que actualmente están más abandonados. El presupuesto nacional debe asignar las cantidades requeridas para ir logrando este objetivo y los responsables deben hacer un uso recto y transparente de estas asignaciones.

49.- Para que la persona y la comunidad sean promotoras de una vida saludable, es importante implementar programas de formación de los individuos y de las comunidades locales en el conocimiento y en la prevención de las enfermedades, en el uso de los medios y en el cuidado de los ambientes que favorecen una vida sana.

50.- Los agentes sanitarios, médicos, enfermeras y personal administrativo de los centros de salud deben esmerarse en un trato atento, humano y personalizado de los enfermos.

7. Consolidar la democracia
51.- La consolidación de la democracia es tarea de todos, especialmente de los partidos políticos. Son necesarias nuevas reformas y prácticas participativas. Debemos terminar lo más pronto posible con la politización de los entes estatales que utilizan la democracia para intereses sectarios y el enriquecimiento personal. Esto constituye una deformación de lo político y es una negación de la misma democracia.

52.- La Conferencia Episcopal de Honduras hace suyas las palabras del Papa Juan Pablo II cuando afirma: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana”. Más aún, “la Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la vida pública y aceptan las cargas de este oficio”.

53.- Signo positivo del proceso de consolidación de la democracia es la existencia de movimientos cívicos y organizaciones populares. Con sus planteamientos pueden contribuir a corregir la manera como las instituciones gubernamentales administran los recursos nacionales y ejercen el poder político, al mismo tiempo que defender los derechos e intereses del pueblo. Sin embargo, es necesario que estas fuerzas sociales no se corrompan con intereses particulares ni se politicen, de modo que puedan actuar siempre en defensa del bien común.

54.- Tanto el gobierno como los diversos sectores de la sociedad civil deben educarse para el consenso, la negociación, la propuesta pero también para la eficiencia a fin de que la defensa de los propios derechos no se convierta en violación de los derechos de los otros. El uso de la fuerza debe ser el último recurso, después de haber agotado todos los otros medios para la solución de los conflictos.

8. Consolidar la gobernabilidad del país
55.- Es responsabilidad de todos mantener la gobernabilidad del país, de manera que el pueblo hondureño pueda expresarse como sujeto de su propio destino, organizarse para encontrar alternativas a sus problemas y participar en la toma de decisiones, fiscalización, control y ejecución de los asuntos gubernamentales. No puede darse un cambio profundo y duradero si no participa en el mismo toda la población. Pero también es decisivo educarnos en el cumplimiento de las leyes, en el respeto a la autoridad pública y a la conducción del Estado. La anarquía no produce desarrollo sino caos y destrucción de la sociedad.

9. Transformar el sistema de justicia
56.- Es una imperiosa tarea recuperar la credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, mediante la correcta, transparente y ágil aplicación de la justicia. Se necesita realizar cambios profundos en las conciencias, en la legislación y en el ejercicio de la justicia.

57.- Además de otras tareas, es impostergable despolitizar el poder judicial y frenar el tráfico de influencias económicas para lograr su total independencia; establecer los procedimientos adecuados para la pronta aplicación equitativa de las distintas leyes; recuperar los valores morales, especialmente el amor a la verdad. Sin una disposición interior para pensar la verdad sin ceder a prejuicios o intereses, para decir la verdad sin deformaciones ni mentiras y para actuar la verdad en el amor (Efesios 4,15) sin parcialismos, no se puede ser justo ni administrar justicia.

10. Erradicar la corrupción
58.- La corrupción es como un cáncer que insensibiliza la conciencia moral, corroe la vida de la sociedad y de sus instituciones y hace crecer la desconfianza en la gestión pública. Las principales garantías contra la corrupción son el ejercicio de la justicia con transparencia, veracidad, apego a la ley, profesionalidad e independencia de cualquier tipo de poder; la institucionalización de la rendición de cuentas y el acceso a la información en las distintas áreas de la administración pública; y la formación moral de la conciencia, desde la infancia y juventud, en la familia y en la sociedad.

59.- Ésta es también una tarea de la Iglesia. Nos dice Juan Pablo II: “La Iglesia está llamada a dar su testimonio de Cristo, asumiendo posiciones valientes y proféticas ante la corrupción del poder político o económico, no buscando la gloria o bienes materiales; usando sus bienes para el servicio de los más pobres e imitando la sencillez de vida de Cristo”.

11. Garantizar la seguridad ciudadana
60.- Necesitamos una política de seguridad ciudadana enmarcada en el cuadro más amplio del desarrollo humano integral. Esta política solamente será acertada en sus propuestas y eficaz en sus resultados si parte de un diagnóstico de las múltiples causas de la violencia. Un plan nacional de seguridad no puede reducirse a la represión y al castigo penal del delito sino que debe desarrollar una serie de estrategias y acciones para la prevención del delito y para la rehabilitación y reinserción social del delincuente.

61.- La delincuencia juvenil tiene su raíz en el tremendo vacío de familia, en la falta de oportunidades de trabajo y de educación, que lleva a muchos jóvenes a adherirse a grupos que atentan contra la sociedad. Podemos prevenir y disminuir esta delincuencia aumentando la vigilancia en las calles, edificando centros de rehabilitación dirigidos por personas motivadas y capacitadas, consolidando la unidad familiar en el amor y creando esperanzas de una vida y un futuro valiosos por la educación y el trabajo.

62.- El crimen organizado y el narcotráfico están creciendo de manera alarmante y van dañando paulatinamente los cimientos de la sociedad con la violencia, los sobornos y el consumo de drogas. Es necesaria una política de Estado que afronte este gravísimo problema con valentía, con eficacia y con radicalidad.

63.- Una política integral de seguridad no puede olvidar la necesidad de renovar todo el sistema penitenciario, sus centros penales, su organización, su mentalidad y sus personas.

12. Proteger y racionalizar el uso de los recursos naturales
64.- La comunidad municipal y la comunidad nacional deben conservar, proteger y utilizar racionalmente los recursos naturales: tierra, agua, bosques y minas; ya que tenemos poblaciones afectadas por la falta de agua, la depredación del bosque y el mal uso de la tierra de que disponemos.

65.- Las explotaciones mineras deben dejar una mayor ganancia a Honduras y tutelar el equilibrio ecológico para el bien de las generaciones actuales y venideras. Para ello, es necesario reformar las leyes existentes o sustituirlas por otras más justas y adecuadas que tengan ante todo en consideración el bien común y no el enriquecimiento de unos pocos.

13. Fortalecer la identidad nacional
66.- La construcción del futuro depende en gran medida de la valoración que tengamos de nosotros mismos, personal y colectivamente. La identidad nacional se fortalece cuando poseemos un rico legado de recuerdos comunes y cuando soñamos y elaboramos un proyecto sugestivo de vida en común. Estos elementos son muy débiles en la mayoría de la población. Por eso necesitamos mantener viva la memoria de nuestro pasado, despertar las aspiraciones latentes en el pueblo, crecer en la estima y aprecio de nosotros mismos y creer en nuestras capacidades. Las escuelas, las universidades, las instituciones culturales y artísticas, el Ministerio de Cultura, Artes y Deporte y el Ministerio de Turismo tienen, entre otras, la responsabilidad de fortalecer la identidad nacional.

67.- Un Proyecto de Nación que logre entusiasmar y conjuntar el esfuerzo de toda la ciudadanía contribuirá en gran medida a formar esta identidad. Pero dicho proyecto solo será factible cuando exista una voluntad política de “consenso nacional”; cuando el bien común esté por encima de los intereses de partido; y cuando sea un proyecto concebido no sólo para los cuatro años de que dispone un gobierno sino para un futuro a mediano y largo plazo.

14. Favorecer una cultura de la responsabilidad
68.- Debemos empeñarnos en eliminar la pobreza por medio del trabajo decente, creador e imaginativo. Cristo, por su solidaridad con nosotros, nos hace capaces de vivificar nuestra actividad con el amor y de transformar nuestro trabajo y nuestra historia en gesto de alabanza a Dios y de servicio al prójimo. Por medio del trabajo, no sólo producimos los bienes necesarios para nuestra subsistencia sino que crecemos internamente al desarrollar las capacidades de las que hemos sido dotados.


V. EXHORTACIÓN FINAL

69.- La tarea que tenemos por delante es inmensa. Puede levantarse ante nosotros la tentación del desánimo. Pero no podemos sucumbir a ella pues nos llevaría a la apatía, al desinterés y a la inoperancia. Pongámonos en marcha “por los caminos de la esperanza”. La esperanza da sentido y dirección a la vida personal y colectiva, anima y fortalece el esfuerzo perseverante de cada día y crea solidaridad ya que el bien esperado es para todos.

70.- Las prioridades señaladas son urgentes y complejas. Sólo se alcanzarán en la medida en que el pueblo, el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones sociales y profesionales y las ONGs pongamos nuestras energías al servicio del desarrollo humano integral de todos, como único camino para que prevalezca la cultura de la justicia, de la paz y de la vida. Nosotros ofrecemos nuestra oración y nuestra colaboración al pueblo y al gobierno para alcanzar las metas propuestas.

71.- Los cristianos hemos puesto la esperanza en Cristo (Efesios 1,12). El Señor Resucitado es la garantía, la fuerza y la meta de nuestra esperanza. Este entusiasmo hemos decido trasmitirlo a todos con la seguridad de que no seremos defraudados.


Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Marzo de 2006.

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