Encarnando la Biblia

El su homilia del 11 de noviembre del año 1979, Monseñor Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, dijo:

No sólo … leemos  [la Biblia] sino que la analizamos, la celebramos, la encarnamos, la queremos hacer nuestra vida. Ese es el sentido de la homilía: encarnar en el pueblo la palabra de Dios. No es político cuando en la homilía se señalan los pecados políticos, sociales, económicos, sino que es palabra de Dios encarnándose en nuestra realidad que muchas veces no refleja el reino de Dios, sino el pecado; para decirle a los hombres cuáles son los caminos de la redención.

Conferencia Episcopal sobre Bajo Aguan

REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO EN EL BAJO AGUÁN   

En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Hondu­ras (CEH), preocupados por los acontecimientos sobre los conflictos en el Bajo Aguán que nos ha referido el Señor Obispo de Trujillo junto con su Presbiterio, ofrecemos a los fie­les, agentes de pastoral y personas de buena voluntad las siguientes re­flexiones:
 

1.- La Iglesia Católica es, por vocación, buscadora incansable de la Verdad y de la Libertad. Buscamos la Justicia desde el respeto a la Verdad; y buscamos el Derecho desde el respeto a la Libertad. Cuando se dan con­flictos tan graves como el del Bajo Aguán, tenemos la obligación de buscar en la Justicia y el Derecho los caminos que nos ayuden a vivir en la Verdad y en la Libertad.
 

Fiel a esta búsqueda, la Iglesia Católica opta, tal como lo hizo el Se­ñor Jesús, por las personas más pobres y marginadas de la sociedad. Lo hacemos para compartir con ellas la defensa de sus derechos. Lo hacemos para que también los pobres y marginados vivan los valores de la Verdad y de la Libertad al conocer y respetar la Justicia y el Derecho. Pero esta op­ción por los pobres y la defensa de sus derechos, no significa la aprobación de medios violentos, porque rechazamos la violencia, venga de donde venga. Y, sobre todo, rechazamos la violencia que proviene del abuso del poder, sea de la clase que sea.
 

A partir de estas convicciones, como miembros responsables del ca­minar de la Iglesia Católica en Honduras, hacemos un llamado a las partes involucradas en las diversas crisis, para que busquen decidida y firmemente una solución permanente a estos conflictos sangrientos que se viven, entre otros lugares, en el Bajo Aguán.
 

2.- El conflicto tiene varios protagonistas, cuyas responsabilidades no podemos juzgar, pero que sí podemos señalar, a fin de crear conciencia y llamarles a la búsqueda de una solución justa.
 

a) EL GOBIERNO. Habiendo heredado este conflicto que podían y debían haber solucionado los gobiernos anteriores, el actual Gobierno es responsable, en buena parte, de no haber logrado aún el cumplimiento de unos acuerdos que, en su momento, se consideró capacitado para firmar con los Movimientos campesinos del Bajo Aguán. Su actitud prolonga esta situación, que cada día se hace más violenta, y está perdiendo la oportunidad de mostrar al pueblo de Honduras los caminos por los que la Justicia y el Derecho deben enfrentar toda la problemática creada por los fracasos de los anteriores in­tentos de una Reforma Agraria que hoy se hace más necesaria y urgente que nunca.
 

b) EL CAMPESINADO. El concepto “campesinado”, al generali­zarlo, tiene el peligro de llevarnos a confundir o ignorar las diferentes posi­ciones que entre los mismos campesinos se dan, sobre todo ante el conflicto de la tenencia de la tierra que tanta violencia está provocando. Campesinos son los que jamás han sido propietarios de tierras y las reclaman con todo derecho para trabajarlas; campesinos son los que fueron propietarios de las empresas campesinas y las vendieron libremente; campesinos son los que fueron engañados o forzados para que vendieran sus tierras contra su vo­luntad; campesinos son también los que ya poseen tierras y están viendo cómo aumentar sus posesiones aprovechando las actuales luchas; campesi­nos son los que están asociados, campesinos son los independientes; cam­pesinos son los que están armados, campesinos son los que no poseen más armas que sus machetes… Lo cierto, y lo que una vez más denunciamos, es que la mayoría de las víctimas mortales que hasta el momento se han pro­ducido, son miembros del campesinado.
 

c) LOS TERRATENIENTES. La acumulación desmesurada de tierras es de por sí una injusticia social, porque es un atentado contra el Bien Común y porque desvirtúa la función social que toda propiedad pri­vada debería ejercer. Por muy legalizadas que estén las tierras que se po­seen, no pueden defenderse con la violencia como lo han hecho en el Bajo Aguán provocando la muerte de muchos: no se puede convertir a los empleados y guardias de seguridad de las fincas en un ejército armado y violento que ha provocado tanta muerte y que al mismo tiempo ha puesto su propia cuota de víctimas mortales. Campesinos y vigilantes son personas del mismo estrato social pobre que buscan trabajo para sobrevivir. Y los muertos nos duelen por igual, sean de la clase social que sean.
 

d) EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL NARCOTRÁFICO. Se han enseñoreado de esta zona de Honduras. Pasean sin ningún escrúpulo su condición de nuevos ricos, poseedores de armas prohibidas por la Ley. Están también en el negocio de convertirse en latifundistas poseedores de grandes extensiones de tierra. Significan un poder que parece poseer total inmunidad y que la mayoría de la población teme; pero, paradójicamente, también significan la oportuni­dad de conseguir ingresos superiores a los que un empleo honrado es capaz de ofrecer. Se habla de posibles conexiones de estos protagonistas con al­gunos miembros de los tres grupos anteriores, pero todos sabemos que para poder denunciar actividades ilegales hay que tener pruebas…Y obtenerlas compete a la policía de investigación y al Ministerio Público.
 

e) LOS AGENTES DEL ORDEN PÚBLICO Y DE LAS FUER­ZAS ARMADAS. No hay duda de que el Estado de Honduras tiene la au­toridad para desplazar a cualquier zona conflictiva los agentes del orden público que garanticen la seguridad de la ciudadanía y el respeto a la Ley. Sin embargo, curiosamente, en el caso del Bajo Aguán, la población cam­pesina, mayoritariamente, teme su presencia, seguramente por las experien­cias, vividas en carne propia, del abuso de autoridad de algunos miembros de estos cuerpos del Estado. Otros pobladores, sobre todo comerciantes de las zonas urbanas, y los mismos terratenientes, se sienten protegidos por esta presencia. Además, el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas justifican su presencia masiva en la zona para un desarme que, absurda­mente, se anuncia con antelación y que nunca se ha hecho efectivo.
 

f) OTROS PROTAGONISTAS. Se comenta entre el pueblo que existen personas infiltradas en las Asociaciones o Movimientos campesi­nos, quizá con intención de desestabilizar todo este proceso que el Go­bierno actual ha dado muestras de querer resolver, o con otras intenciones que no es fácil conocer. También en este grupo hay que señalar a los abo­gados, que juegan un papel importantísimo, sea para conducir el conflicto hacia una solución que busque el bien de la mayoría, sea para agravarlo con el arte de manipular las leyes a favor del mejor postor. Y hay motivos para sospechar que probablemente hay personajes no identificados que podría­mos considerar como verdaderos autores intelectuales de toda esta desgra­ciada trama tan difícil de desentrañar.
 

3. Reiteramos que la Iglesia Católica no se constituye en juez de este conflicto, pero sí nos corresponde, por fidelidad a nuestra vocación profé­tica denunciar, en medio de la complejidad de esta situación, la responsabi­lidad de los que no intervienen de manera firme, justa y no politizada, de­biendo hacerlo, así como la de los que intervienen de modo negativo, sin deber intervenir.
 

Como Iglesia Católica, estamos y estaremos siempre al lado de aquellos campesinos que pasan verdadera necesidad y sufren las conse­cuencias de su pobreza y del abandono por parte del Estado. Estamos y es­taremos al lado de aquellos que defienden sus derechos por el camino de la legalidad y del diálogo. Como Iglesia Católica estamos en favor de la vida, que debe ser siempre respetada, y que en el caso del Bajo Aguán ha sido profanada con decenas de víctimas, que, si no se adopta una decisión justa, aumentarán de manera incontrolable. No dejamos de predicar los valores del Evangelio para convertir el corazón de todas las personas que no optan por los caminos de la legalidad, el diálogo y la no violencia, sino por los de la falsa política, la trampa, la mentira y la falta de respeto a la vida.

Conclusiones
 

a) La gran mayoría de personas pertenecientes a estos grupos de protagonistas principales del conflicto están armadas. Y, por contagio o por miedo, la mayoría de la población de estos departamentos posee armas. Si no se da un verdadero desarme en Honduras, no podrá descender el nivel de violencia criminal.
 

b) No puede tratarse solamente de un desarme de las armas de fuego. Necesitamos un desarme moral de todas esas armas que usamos para seguir destruyendo nuestra convivencia y deteriorando la calidad de nuestra vida. Hay que desarmarse de la sed de venganza que anida en el corazón de tantas personas y familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido víctima de la violencia generalizada. Hay que desarmarse del rencor generado por la injusta desigualdad en que vivimos en Honduras. Hay que desarmarse de los prejuicios que nos hacen ver a las otras clases o grupos sociales, a los que no pertenecemos, como enemigos a quienes de­bemos odiar. Hay que desarmarse de los argumentos ideológicos que cree­mos nos dan el derecho a despreciar a quienes no piensan como nosotros o tienen opciones políticas distintas a las nuestras. Hay que desarmarse del odio, la calumnia y la división que siembran constantemente al­gunos medios de comunicación.
 

c) Necesitamos, en cambio, armarnos de valor, justicia y verdad para erradicar la impunidad y la corrupción.
 

d) Consideramos necesario que el Gobierno dé cumplimiento a los acuerdos firmados con los grupos campesinos, respetando las decisiones de los Tribunales de Justicia si no se logra un acuerdo inmediato en el diá­logo entre los diferentes grupos sociales implicados. Esto puede ser un ca­mino fiable para resolver la problemática de la tenencia de la tierra a nivel nacional.
 

e) La Constitución de la República define el camino de la Reforma Agraria en el art. 345: «La Reforma Agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la Nación, por lo que las demás políticas económicas y sociales que el Gobierno aprueba, deberán formularse y eje­cutarse en forma armónica con aquella, especialmente las que tienen que ver entre otras, con la educación, la vivienda, el empleo, la infraestructura, la comercialización y asistencia técnica y crediticia. La Reforma Agraria se ejecutará de manera que se asegure la eficaz participación de los campesi­nos, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la producción, en el proceso de desarrollo económico, social y político de la Nación».
 

f) El Ministerio Público y los Organismos de Derechos Humanos han de llevar a cabo una investigación a fondo que garantice el esclareci­miento de todos los hechos sangrientos de los últimos años a fin de que se aplique la Ley a los responsables de los mismos.

La Iglesia que peregrina en Honduras sigue mirando con dolor de Madre al Bajo Aguán a través de la Diócesis de Trujillo con la que nos solidarizamos. Como hemos visto, allí se debate un conflicto que se complica cada vez más. Solamente el diálogo sincero, el interés por el bien común, el respeto por la vida y dignidad humana, la buena volun­tad de las partes, cediendo todos por amor a la Patria, dará el resul­tado esperado. Pero no olvidemos que no habrá paz sin justicia, recon­ciliación sin perdón mutuo, comunión sin solidaridad.

Con María, la Virgen de Suyapa, que nos enseña a buscar la uni­dad en el amor, oremos juntos al Señor para que no se derrame más sangre en el Bajo Aguán ni en toda Honduras.

Comayagüela, M.D.C., quince de junio de 2011.
La Conferencia Episcopal de Honduras

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