COMUNICADO DEL PRESBITERIO DE LA DIÓCESIS DE YORO

Ante el clima de violencia e inseguridad.
COMUNICADO DEL PRESBITERIO DE LA DIÓCESIS DE YORO

El Presbiterio de la Diócesis de Yoro reunido en la ciudad de Olanchito quiso recoger el sentir hondo y profundo que en estos momentos vive nuestra Iglesia diocesana y que brota desde las aldeas, caseríos, colonias, barrios y centros urbanos que conforman la Iglesia de Yoro.
Vivimos una situación de inseguridad, incertidumbre, temor e impotencia causada por una situación de violencia generalizada que se manifiesta de múltiples maneras y con efectos deshumanizantes en la vida de los pobres y los sectores más desprotegidos de la sociedad. Señalamos algunas de ellas.

1. En primer lugar constatamos una ciudadanía huérfana de leyes y de un sistema legal incapaz de asegurar la igualdad jurídica para todos los hondureños. Sin protección jurídica de ninguna clase lo que se impone es la impunidad, una justicia atrapada en las redes del poder o manoseada por las élites políticas para impedir que la ley les alcance, viviendo por encima y al margen de la misma. La violencia, la extorsión, los secuestros, los robos y la delincuencia son síntomas de un país sin leyes y con instituciones jurídico democráticas poco efectivas.

2. Es preocupante el problema del hambre, la falta de seguridad alimentaria y la permanencia de una extensa agricultura tradicional. Todavía en nuestro departamento se contrapone la agroindustria y la ganadería a una agricultura que asegure trabajo, tierra y producción para nuestros campesinos e indígenas. Reflejo de esta situación es la existencia en el interior de nuestro departamento de esa “Honduras profunda”: campesinos e indígenas víctimas de todo tipo de desastres naturales y del olvido sistemático por parte de partidos, gobiernos y “planes de país”.

3. El sistema de salud adolece de un gran déficit presupuestario, de infraestructura y de personal que pueda prestar un servicio mínimo a una población que sufre en carne propia las crisis económicas, las exigencias de los organismos financieros, la reducción de presupuestos sociales, la evasión fiscal, los programas neoliberales o la malversación de los partidos en el poder que dejan “vacías las arcas del estado”. En el fondo, detrás de la falta de médicos, de medicinas y un seguro social con cobertura nacional está el hecho de priorizar y contraponer la medicina privada a la pública y la tendencia a la privatización de la salud. Igualmente la existencia de unos “estatutos” para los profesionales de la medicina que, asegurándoles un alto nivel de vida y a espaldas de las mayorías, convierten a la medicina en un lujo para unos pocos.

4. Preocupa grandemente en nuestro departamento el agotamiento y la poca conservación de los recursos naturales. Sabemos por experiencia los daños irreversibles y catastróficos que resultaron del huracán Mitch para buen número de comunidades, y no digamos de familias. Nuestros bosques se van diezmando a pasos acelerados: “cuando el Fifí, todo era bosque con algunos manchones dispersos; en cambio, con el Mitch todo es un manchón con algunos islotes de bosque”. Estas palabras fueron dichas por alguien que de San Pedro Sula a Yoro repitió el trayecto veinticinco años después para llevar ayuda a las comunidades más retiradas. La vulnerabilidad ecológico-ambiental es consecuencia directa del “saqueo inmisericorde” a nuestras reservas forestales.

5. Recientemente el problema de la minería empieza a ser preocupante. A las compañías mineras que explotan nuestros recursos se les otorga toda clase concesiones y no se tiene con ellas el mismo grado de exigencias jurídico-administrativas que en sus países de orígen. Los daños son irreparables a nivel humano ecológico. Nuestras autoridades locales toman decisiones amparándose en la ambigüedad y falta de legislación clara y precisa a nivel nacional. Por otra parte, algunas municipalidades del departamento, siempre escasas de recursos, se muestran débiles, cómplices y corruptas pues conceden permisos más allá de su competencia y perjudicando notoriamente a las mayorías. Entran dentro del mismo grupo los patronatos y las dirigencias de las comunidades indígenas. De todos es sabido que los partidos tradicionales controlan el poder local por medio de los patronatos y que éstos se prestan a todo tipo de arreglos con las compañías mineras. Se repite la historia de vender las comunidades a cambio de unos “cuantos espejuelos y cuentas de vidrio que relucen”. Las comunidades indígenas participan de la misma mentalidad ya que sus bosques y tierras son objeto constante de compra-venta”.

6. Tanto los partidos como el sistema político está en crisis desde hace tiempo: dejaron de cumplir las funciones de representación, mediación y canalización de las demandas populares. La perdida de credibilidad creció considerablemente a raíz de la crisis desatada el año pasado: se originó en las cúpulas de los partidos tradicionales y dividió a toda la sociedad hondureña, incluida la Iglesia. Todavía estamos pagando las consecuencias de la crisis: hay falta de reconocimiento internacional, las ayudas económicas han disminuido considerablemente y el gobierno actual se encuentra con las manos atadas ante los grupos de poder que han estado y están detrás de todo ello.

7. Pasan las elecciones, los partidos y los gobiernos: en cambio lo que no cambian y permanecen siempre son los problemas sociales. Lo más importante es mantener, ejercer, disfrutar el poder y granjearse el beneplácito de los poderes fácticos. No se escucha al electorado ni sus justas demandas. Y todo el sistema viene acompañado de los vicios de siempre: el clientelismo, el nepotismo familiar o ideológico, repartición de cargos, ministerios, instituciones y funciones públicas conforme a los “colores de turno”. Y, como colofón, tenemos como expresión de la “ética política” de nuestros gobernantes esa “salida hacia delante” expresada en la “huída hacia Sudáfrica”.

8. El reconocimiento oficial de que la mayor parte de los asesinatos a los periodistas corresponden al “narcotráfico” son un indicio muy claro de la fase en la cual estamos entrando en Honduras. La lucha contra el narcotráfico a nivel internacional ha tenido como efecto directo convertir a nuestro país en un campo de lucha de los carteles de la droga. Y eso significa poner las bases bien de un “narco-estado” o el “crear un estado dentro del estado” con su propio territorio, sus leyes, su manera de funcionamiento contrario, al margen de la democracia y sin necesidad de rendición de cuentas o de pasar por las urnas.

9. Es uno de los poderes “perversos” que, amparándose en la ley del sicariato y de la eliminación física, quita la vida y la voz de quienes deben hablar y hacer público lo que permanece en la oscuridad. Su poder se va infiltrando no solo en los cuerpos de seguridad y policiales, sino también en los medios políticos, económicos y sociales. Utilizando de forma sistemática el miedo, la delación y los asesinatos consigue inmovilizar a la población y neutralizar el funcionamiento de nuestra democracia. En definitiva, se va creando un nuevo poder con el cual hay que pactar, dar reconocimiento y legitimidad.

10. A pesar de que el nuevo gobierno se ha movilizado para dar cumplimiento a los “Acuerdos de San José” sigue como tarea pendiente en el país el esclarecimiento de la violación a los derechos humanos y la efectiva creación de la “Comisión de la Verdad”. Se constata una mentalidad en la cual hay que “cumplir con el trámite” o una fuerte oposición al esclarecimiento de la represión, persecución y hostigamiento hacia opositores, miembros de la resistencia nacional, medios de comunicación alternativos. El resultado es una democracia acompañada de pobreza, desigualdad, injusticia, inseguridad y exclusión. No será posible una reconciliación nacional si por parte de todos los sectores sociales no hay una voluntad decidida y una “cuota de poder” a pagar para revertir esta situación tan poco alentadora. Sí creemos, sin embargo, que como Iglesia, “seguidores de Jesús”, buscadores y constructores del Reino del Padre, la esperanza en un “cielo y una tierra nueva” nos motivan para contribuir a que nuestro país ofrezca unas condiciones de vida dignas para todos, donde la violencia y la inseguridad no tengan cabida.

El Progreso, 9 de julio de 2010.

Monseñor Juan Luis Giasson p.m.e
Obispo de la Diócesis de Yoro

P. Antonio Pedraz s.j
Secretario